Jimani. El 19 de septiembre de 2016 en la sede de la ONU, sin mucha alharaca se celebró una reunión de jefes de Estado y de Gobierno, para conocer la problemática sobre los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, donde se elaboraría un plan que permita formular una mejor respuesta internacional a estos casos. En principio se trataba de buscar un mecanismo para crear un sistema responsable y predecible de respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.
En la única plenaria realizada ese día en los salones del Consejo Económico y Social, integrada por seis grupos de trabajo se discutirían los siguientes temas, Grupo Uno: “Respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados”; Grupo Dos: “Respuestas a las causas de la migración, en particular de los grandes desplazamientos, resaltando las contribuciones positivas de los migrantes”; Grupo Tres: “Acción y cooperación internacional sobre los refugiados y los migrantes y cuestiones relacionadas con los desplazamientos: el camino a seguir”; Grupo Cuatro; “Pacto mundial sobre el reparto de responsabilidades con los refugiados: respeto del derecho internacional; Grupo Cinco: “Pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada: hacia el logro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes”, y el Grupo Seis: Respuesta a las vulnerabilidades de los refugiados y los migrantes en los viajes de sus países de origen a los países de llegada”.
Dos años después, para sorpresa del mundo, y en especial de los dominicanos, nos enteramos tras bastidores, que el Estado se apresta a ratificar la firma de aceptación del contenido de esta nefasta propuesta de la ONU, que por sus implicaciones y debido a la actual problemática migratoria que tiene la República Dominicana, sin lugar a dudas resultaría apocalíptica.
La ONU tiene la intención de que el “Pacto Global Migratorio” sea ratificado y firmado por los países miembros en los próximos días -10 y 11 de diciembre- en la cumbre que sesionará en Marruecos, en un documento que contiene 23 objetivos, en los cuales en ningún lugar se hace distinción entre los inmigrantes que entran a un país de forma ilegal de los que lo hacen por la vías legales, por lo que se hace evidente que solo se pretende proteger a los indocumentados.
Eso sí, contiene una serie de garantías, facilidades y protección para los migrantes, donde los estados firmantes se hacen responsables de otorgarles a los mismos, para que sean incluidos como parte de su sociedad, y tener derecho a trabajos dignos, acceso a los servicios básicos de salud, educación y documentación legal, dejando claro que solo utilizarán la detención migratoria como medida de último recurso, entre otros derechos.
Pero lo más peligroso de todo, es que se compromete la soberanía y las fronteras de los estados, además de que contiene muchos preceptos incompatibles con la legislación y políticas migratorias de los países firmantes.
Varios países hicieron “reserva de firmarlo” mucho antes que se diera a conocer públicamente el documento en cuestión, advirtiendo sobre las consecuencias del mismo. Los Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Israel, Australia, Eslovenia, Estonia, Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa, entre otros, rotundamente han dicho que no firmarán ese pacto, a quienes se les unen otra gran cantidad de estados que están indecisos a ratificar la firma a este convenio.
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