Planes para evitar celulares en cárceles no han funcionado

Santo Domingo. En centros penitenciarios del país, tanto del nuevo modelo como del tradicional, aún ocurren prácticas irregulares que violentan los derechos de los privados de libertad, entre ellas maltrato físico y verbal y  la delegación del régimen disciplinario a un Comité integrado por reos,  a los cuales se les permite  portar armas de fuego e imponer las sanciones disciplinarias.  

Así lo establece la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) en su InformeAnual 2017,  que recoge denuncias de los Defensores Públicos y de la Comisión Nacional de Cárceles sobre acciones violatorias de la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario y las Reglas Mínimas de Tratamiento en los Centros de Reclusión.   
La ONDP dice  en el Informe que, pese a que está prohibido que la función de disciplina sea concedida a los presos,  en los recintos penitenciarios del modelo tradicional, regularmente se conforma un “Comité de Disciplina” con un representante general de los internos,  denominado “Probó”,  nombrado por la Alcaldía, y que en ocasiones se permite que sea elegido por los mismos internos.

Sostiene que el “Probó”  tiene representantes en cada celda que tenga el recinto,  y que a estos  se les otorga la facultad de aplicar sanciones, poniendo como ejemplo lo ocurrido en la Cárcel del 15 de Azua, en donde el representante general disponía, si se encontraba a algún interno robando,  colocarlo por espacio de una hora en el sol, acostado en el patio, como también darle dos palos.
Indica que esa situación se da también en la Fortaleza Duarte,  de San Francisco de Macorís, en donde el representante regularmente es quien sugiere al Alcaide a cuales internos hay que enviar al área de aislamiento, denominada el “bunker”.  

A los integrantes de estos Comités, según reseña la ONDP,  se les autoriza determinada cantidad de armas,  ya que  las portaban frente a las Autoridades de Seguridad y Alcaides, entre ellos machetes o palos, como mecanismo de defensa para que se protejan  y   para que logren la armonía anhelada dentro de los recintos.  Señala el informe que los Defensores Públicos observaron que en la cárcel del 15 de Azua el “Probó” siempre tenía encima un machete, al igual que cada miembro de su Comité.

Establecen en el documento que mientras el representante de la Fortaleza Palo Hincado, de Cotuí,  transitaba desarmado, las veces que  la Comisión de Cárceles  y la Coordinadora de la Defensa Pública de dicha jurisdicción  tuvieron la oportunidad de conversar con él,  “tenía un séquito de más de 30 internos pertenecientes a su Comité que se encontraban armados con machetes, cuchillos y palos”.
Destaca que en la Cárcel Pública de Baní había integrantes del “Comité” con palos y cuchillos.

“Cabe resaltar que las armas referidas (palos, machetes, cuchillos) según indican, nunca los Alcaides las han autorizado. Sin embargo, los integrantes del Comité de Disciplina, incluidos los representantes generales han permanecido delante de los mismos con las indicadas armas, por lo que se da por sentado que las mismas fueron previamente autorizadas, para “imponer el orden en el penal”, subraya la ONDP.