Gutiérrez Díaz se declaró “no culpable” ante cargos en su contra

La declaración respues­ta de Miguel Gutiérrez Díaz en la corte federal de Miami, donde le fue­rorn leídos los cargos en su contra por presunto tráfico de drogas, fue la­cónica: “No culpable”.

Ahora, el imputado, con esta declaración de no culpabilidad, puede apelar, por derecho, a la posiblidad de una sen­tencia condenatoria.


El diputado y empresa­rio santiaguero fue dete­nido el pasado lunes por oficiales estadouni­denses a su arribo a Mia­mi en un vuelo comercial desde la República Domi­nicana.

Junto a él, en el expe­diente son señalados, además uno de sus hermanos, Miguel Emilio Gutiérrez, alias “El Alemán”, y a los herma­nos Danny y Endy Núñez Mármol. De los cuatro, solo guarda prisión el le­gislador.

Contra el grupo pe­san los cargos de “cons­piración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Es­tados Unidos; conspi­rar para importar cocaí­na a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de dis­tribuir cocaína”. De ser declarados culpables, las probabilidades es­tán abiertas para una condena a cadena perpe­tua contra el diputado san­tiagués Miguel Gutiérrez y otras tres personas vincula­das a una supuesta red de narcotráfico que triangula­ba sus operaciones entre Es­tados Unidos, Colombia y República Dominicana.

La supuesta red operaba entre 2014 y 2017, en los condados estadounidenses de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el distrito sur del Estado de Florida.

“Comenzando al menos a principios de 2014 y continuando hasta alrededor de 2017, las fechas exactas son desconocidas para el Gran Ju­rado, en los condados de Mia­mi-Dade, Broward y Monroe, en el Distrito Sur de Florida”, indica la acusación.


Al grupo le son señalados tres cargos: “conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína”.

Por los menciona­dos delitos, que violan las secciones 846 y 963 del Tí­tulo 21 del Código de los Estados Unidos, podrían cumplir la pena máxima de cadena perpetua, según ex­pone el expediente.

Las autoridades dicen que confiscarán cualquier propiedad que constituya o derive de productos ob­tenidos, directa o indirectamente, de las infracciones que se les acusa.