A los investigados, durante varios meses se les ejecutó órdenes de intercepciones telefónicas, que se les daba seguimiento constante y fueron apresados en flagrante delito mientras tomaban fotos y enviaban ubicaciones de sus víctimas.
El Ministerio Público les imputa producto de las intercepciones telefónicas, es el hecho de que estos instalaban en los vehículos en que se transportaban las víctimas sistemas de geolocalización satelital (GPS), imantados a los fines de ubicarlos en tiempo y espacio real y facilitar los planes de secuestro que establecen las investigaciones.
Relata la solicitud de medidas de coerción, que el excapitán de la Policía Nacional, Carlos de Jesús Minier, fue apresado mientras era vigilado con motivo del seguimiento constante que se le tenía, mientras se presentó al local de la empresa donde laboran las víctimas a tratar de instalar un GPS imantado y al ser cuestionado fueron revelando quienes tenían participación activa en el entramado para ejecutar los secuestros.
Por ese hecho y antes de que pudieran materializar los secuestros que se planeaban, fueron apresados los demás integrantes de este caso y el Ministerio Público le está otorgando una calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 337 y 2 del Código Penal Dominicano y violación a los artículos 1,2 y 3 de la ley 583-70, sobre Secuestro.
Cabe destacar, que uno de los querellantes había sido víctima anteriormente de un intento de secuestro, que fue frustrado por la rápida intervención de la Policía Nacional.
El ex Alférez de Fragata de la Armada Dominicana, Mario Rafael Breton Santana, posee un amplio historial delictivo, por estar vinculado al atentado con fines de asesinar al abogado Jordi Veras y mientras prestaba servicios en un organismo de investigación, fue separado de las filas inmediatamente se comprobó sus vínculos con el condenado Francisco Alberto Carela Castro, condenado a 20 años de prisión por intento de asesinato del hijo del abogado Ramón Antonio Veras por la entrega de una cinta magnetofónica con la grabación donde Adriano Román, había ordenado a sicarios matar a su esposa Miguelina Llaverias y al abogado a cambio de que le pagaran 3 Millones de pesos, ya que el imputado Adriano Román se negó a pagarles porque fallaron en sus propósitos y que ellos conocían que asesinaran a su hijo abogado Jordi Veras y cuya acción materializaron logrando herirlo y causarle lesiones severas.
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