Reynoso argumentó que más allá de la solidez del expediente contra los imputados de la Operación aso Medusa, la solicitud de coerción es para evitar “riesgos laborales”.
“Cuando usted destruye evidencia como se hizo en este caso, cuando usted destruye más del 80 por ciento de la data histórica de la Procuraduría, usted no está en condiciones de asistir al proceso en libertad”, señaló la procuradora adjunta.
En ese sentido, agregó que por los riesgos procesales que implica su libertad, en la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como internacional, se solicita la coerción.
“Los riesgos procesales que implica su libertad no solo en la República Dominicana, en la doctrina y la jurisprudencia internacional, implica que las personas que se asociación para delinquir en ese formato deben estar privadas de libertad, a los fines de evitar esos riesgos procesales”, expresó.
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