SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó la madrugada de este viernes la solicitud de medida de coerción contra siete implicados y dos empresas involucrados en la Operación Nido, que supuestamente se dedicaban a estafas inmobiliarias.
El depósito de los documentos ocurrió pasadas las 12:30 a.m. en la Oficina de Atención Permanente que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo por la alegada estafa a más de 147 afectados.
Sourelly Jáquez, procuradora fiscal, expresó que las estafas superan los 200 millones de pesos a personas adquirentes de bienes raíces en el territorio nacional y en el extranjero.
La medida de coerción depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contiene unas 400 páginas.
«Entendemos que la afectación no es solo económica, sino también en el plano psicológico, emocional, familiar y laboral», reveló Jáquez.
¿Cómo ocurrió la estafa?
El Ministerio Público dijo que la presunta red inmobiliaria timaba a sus clientes al no entregarles las viviendas que les vendía mediante pagos escalonados.
En la operación fue detenido Emmanuel Rivera Ledesma y otras personas no identificadas, acusados todos de estafa inmobiliaria. Del empresario se dijo que realizó varias maniobras para evadir la justicia.
El timo consistía en la oferta de viviendas en proyectos inmobiliarios inexistentes y por los que, según la acusación, Rivera Ledesma recibió importantes sumas de dinero.
Cuando le reclamaban por el incumpliento, Rivera Ledesma amenazaba e intimidaba a los clientes, reza la acusación.
Indica que «los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada».
En la Operación Nido, las autoridades realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Abogado de víctimas quiere prisión preventiva
Jean Cristofer Pérez, abogados de siete de las víctimas, manifestó que, por la naturaleza del proceso, el MP debería solicitar prisión preventiva para los imputados en este caso, que engañaron a clientes para realizar pagos de sumas importantes de dinero con la promesa de que recibirían una vivienda en proyectos inmobiliarios que no existen. Dijo que los afectados son más de 300.
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