De acuerdo con sus parientes, Hernández desembolsó RD$340 mil directamente al centro médico, mientras que otros RD$120 mil fueron destinados a medicamentos, los cuales, según alegan, no han sido devueltos.
El establecimiento fue clausurado de manera definitiva por el Ministerio de Salud Pública, tras determinarse que no estaba habilitado para realizar procedimientos quirúrgicos.
La familia de la víctima exige justicia y una investigación exhaustiva sobre las operaciones del centro, al tiempo que reclama la devolución tanto del dinero invertido como de las pertenencias personales de la joven.
Entre los objetos reclamados figuran prendas de oro, como cadenas, aretes, anillos y una argolla, que supuestamente permanecieron en el lugar tras el fallecimiento.
Los familiares también señalaron a una mujer identificada como Kari Peña, a quien acusan de haber recomendado el centro estético y de fungir como intermediaria en casos similares.
Según explicaron, Hernández tenía previsto someterse a tres procedimientos: liposucción, reducción de brazos y colocación de glúteos.
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