El organismo indicó en un comunicado que, tras detectarse varios casos de privados de libertad con signos compatibles con el coronavirus, el pasado viernes 12 de noviembre realizó 383 pruebas, de las cuales 17 dieron positivo.
En consecuencia, quedan suspendidas las visitas tanto de familiares de los internos, como de abogados, hasta lograr cortar la cadena de contagios y recuperar al grupo afectado.
La Dirección de Salud Física informó que los 17 casos detectados corresponden a personas vacunadas con dos dosis y que los síntomas presentados son leves.
Esta dependencia coordina las acciones para gestionar los protocolos de atención y monitoreo con la Dirección Provincial de Salud, que de inmediato ordenó un cerco epidemiológico en el citado centro.
El comunicado publicado por la Procuraduría General de la República indica que este cerco implica el aislamiento de los privados de libertad que están positivos, continuación de aplicación de pruebas a todo el personal y a los internos, desinfección de las instalaciones, suspensión de todas las actividades internas y de visitas de cualquier índole.
En virtud de esta disposición, la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales notificó a jueces, fiscales y abogados para que tomen en cuenta el cierre de cara a sus funciones y tareas cotidianas.
“Durante el cerco, los privados de libertad podrán comunicarse con sus familiares y abogados por videollamadas, las que deben coordinar con la Dirección del recinto”, explicó.
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