La querella contra Rosario Suárez fue presentada por los abogados Miguel Surún y Catherine Castellanos, en representación de Geralys Payano y Cristian Guzmán.
En el documentos, los representantes de la pareja recuerdan que por el delito de “comercializacón de niños”, el ley 136-03 establece penas de entre 20 y 30 años de reclusión, así como una multa de 100 y a 150 salario mínimos.
Por ellos, la querella solicita que Rosario Suárez sea enviada a prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.
Al recordar que la bebé fue extraída del hospital por Rosario Suárez durante la madrugada y sin que nadie se lo impidiese, los padres de la infante también demandan ampliar las investigación para imputar a los “autores materiales e intelectuales” de rapto.
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